El INCAA subsidió películas por $11.330 millones

El INCAA subsidió con fondos públicos por $11.330 millones para películas argentinas que no tuvieron prácticamente espectadores y perdieron miles de millones de pesos.

En medio de un fuerte debate a nivel nacional por el financiamiento de organismos públicos no esenciales en tiempos de crisis económica, el dinero que recibe el INCAA se ha convertido quizás en una de las representaciones más obscenas de cómo la política no asigna correctamente los recursos.

Esto queda en evidencia a raíz de un nuevo informe, donde revela que no solo el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales recibe millones del Estado, si no que a la gran mayoría de sus producciones no las vio nadie.

Según lo dispuesto en el artículo 564 de la Ley de Bases y Puntos de Partida enviada al Congreso por el Gobierno de Javier Milei, el Fondo de Fomento Cinematográfico, administrado por el INCAA, solo conservará como fuente de financiamiento el impuesto del 10% sobre el precio básico de cada entrada de cine emitida, suprimiendo de esta manera el 10% a la televisión y el 25% que recibía del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

La eliminación de las principales fuentes de financiación del Fondo ha generado el enojo de un grupo de actores, que se quedarán sin su curro que les permitió vivir como reyes en los últimos años, mientras el resto del país veía su economía colapsar.

Durante el periodo comprendido entre enero de 2020 y diciembre de 2023, abarcando todo el gobierno de Alberto Fernández, el INCAA otorgó subsidios a producciones cinematográficas argentinas por un total de $11.330 millones.

De las 682 películas estrenadas en ese período de tiempo utilizando ese dinero sustraído directamente de bolsillo del contribuyente, solo 12 películas superaron los 100.000 espectadores, y únicamente 2 lograron rebasar el millón.

Mientras tanto, el 95% de estas producciones (643 films) registraron audiencias inferiores a 10.000, mientras que el 67% (456 de ellas) tuvieron menos de 1.000 espectadores cada una, un número que de ser producciones del sector privado, serían motivo de quiebra.

Hubo incluso 24 películas que fueron financiadas con fondos públicos que atrajeron a menos de 10 espectadores, con 3 de ellas siendo vistas únicamente por un reducido público de 2 personas. En síntesis, a la gran mayoría de estas películas no las vio nadie.

A diferencia de las exitosas películas extranjeras, las argentinas muestran una brecha marcada, indicando que la prioridad podría estar en la obtención de subsidios estatales en lugar de la conexión con el público. Por ejemplo, mientras las 10 películas extranjeras más vistas de 2023 juntaron más de 20.5 millones de espectadores, las 10 películas argentinas más taquilleras apenas alcanzaron a sumar 2.6 millones en el mismo período. 

Además, eventos y programas financiados por el INCAA revelan un enfoque político, generando cuestionamientos sobre la asignación de recursos públicos. Durante 2022 se llevaron a cabo diversos eventos como “Microrrelatos”, centrados en historias breves de juicios de Lesa Humanidad, con cortos audiovisuales de la Secretaría de Derechos Humanos.

Junto al INADI, se organizó el evento del “Día Nacional de los Afroargentinos“, y en Bernal se realizó el ciclo de Cine Debate “Pioneras de las luchas feministas“.  También se promocionó un ciclo de “Cine por la identidad“, y desde el CCK se difundieron actividades de programas feministas como “Gafas Violetas – Cine con perspectiva de género”, “Cine Inclusión”, “Cine Marrón” y la “Coordinación de Diversidad y Género”.

Además, se implementó un programa de cine en las cárceles, como el caso de la Alcaidía Departamental La Plata III, donde se proyectó la película “Gilda” de Natalia Oreiro, que fue vista por 10 personas (!), el Carrousel Orgullo LGTBIQ+, proyección de documentales relacionados con la temática de la Ley pro Aborto, y documentales feministas como “No nos callamos más! Juicio Ético y Feminista a la justicia Patriarcal“.

El evento especial de despedida del año 2022, realizado en el Cine Gaumont, donde el INCAA presentó las 10 películas argentinas más elegidas por el público, evidenció la desconexión entre las expectativas y la realidad, al lograr reunir apenas 1.247 espectadores, equivalente a 124 personas por película, un sexto de la capacidad de la sala principal del complejo.

Con un presupuesto anual de $10.778.658.800 en 2023 y 645 empleados, el INCAA enfrenta críticas por la asignación de subsidios multimillonarios a producciones con resultados insatisfactorios, planteando dudas sobre la asignación de recursos para proyectos artísticos.

La financiación del INCAA:

1. Emisoras de Televisión: Canales como la TV Pública abonan el 2% de sus ingresos mensuales por explotación, que en gran medida provienen de la publicidad y PNTs, muchos de los cuales son del propio Estado.

2. Emisoras de Televisión por Cable o Satélite: Contribuyen con el 2% de sus ingresos de explotación mensuales.

3. Salas de Exhibición Cinematográfica: Pagan el 2% de los ingresos obtenidos por la venta de entradas.

4. Empresas de Transporte de Pasajeros: Se incluye a todas las compañías aéreas, ferroviarias, marítimas y de transporte por carretera, estableciendo una tarifa en función del medio de transporte. Por ejemplo Aerolíneas Argentinas y Trenes Argentinos pagan el equivalente al 0,10% del valor de cada pasaje vendido, estableciendo una conexión directa con el Estado.

5. Establecimientos de Acceso al Público: Hoteles como la “Unidad Turística Chapadmalal“, restaurantes, bares, sanatorios, hospitales, clínicas y residencias están incluidos. El arreglo varía según la actividad, pero incluso en un bar se debe abonar a la SAGAI el valor de 30 cafés mensuales por cada televisor.

En el caso de las emisoras de televisión, es crucial notar que el grueso de los aportes provienen de la publicidad y los PNTs, que, en gran medida, provienen del propio Estado!

Los actores que aseguran no contar con beneficios estatales son presididos en la SAGAI por Jorge Marrale. Documentación oficial a la que El Disenso accedió de forma exclusiva confirma que Fernanda, su pareja, es empleada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que su hijo Franco trabaja en la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, ambos perciben ingresos del Estado.

La SAGAI es un monopolio antinatural fundado en la ley para administrar y gestionar a TODOS los “actores, actrices, intérpretes de voz, bailarines y bailarinas“, que Marrale y gran elenco defienden a capa y espada bajo el lema “No son privilegios, son derechos“… mientras el 45% de los argentinos se hunde en la pobreza.

Fuente: diarioddelujan.com